Pobladores de Canoa requieren atención urgente del Estado para garantizar derecho al agua

Categoría: Covid – 19 Creado: Martes, 19 Mayo 2020 14:33
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Pobladores de Canoa del cantón San Vicente, al norte de Manabí, denuncian que no tienen acceso al agua ni a alimentos debido al impacto del covid-19 y a las secuelas que dejó el terremoto de 2016.

El 16 de abril de 2016, Canoa sufrió el embate del terremoto que destruyó la provincia de Manabí; desde entonces sus habitantes han intentado reconstruir sus viviendas y sus negocios. Sin embargo, con las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, esta situación ha empeorado, ya que han dejado de percibir los pocos ingresos, con los cuales sus habitantes buscaban rehacer sus vidas, en especial en las comunidades alejadas del centro urbano y de la playa, centro de atracción turística que dio paso al desarrollo de Canoa.

Sin ingresos no pueden comprar el agua que les venden en tanqueros y la municipalidad de San Vicente, cantón al que pertenece la parroquia Canoa, no ha establecido un sistema de distribución que garantice a la población su derecho constitucional al agua, dejando que sean tanqueros privados los que la abastezcan.

Luis Ayala, presidente de la urbanización Miduvi de Canoa, manifiesta que en el sector que él preside viven 105 familias que han empezado una lucha para tener acceso al agua, pero familiares de las autoridades municipales y empleados de la empresa de agua potable lo amenazan. “Hice uso de mi derecho a la manifestación pacífica en una pared, con un cartel reclamando, en forma educada, el derecho al agua” dice Luis Ayala. Sin embargo, asegura que autoridades municipales y un empleado de la EMAAP lo han increpado y han retirado sus carteles de exigencia.

Andy Taylor, ciudadano británico residente en Canoa por más de diez años, manifiesta que una familia de la comunidad debe pagar 12 dólares para cargar una cisterna de unos 2.500 litros, lo cual implica que, mínimo, una comunidad de 500 personas gastaría unos 67 mil dólares anuales si cada persona consume 20 litros de agua al día, tanto para alimentación como para higiene personal. “Veinte litros de agua al día es el estándar de consumo que la Organización de Naciones Unidas establece que se debe garantizar en campos de refugiados. El consumo es mucho más grande si una comunidad desea garantizar un servicio adecuado y una vida digna”, asegura Taylor.

Como el negocio del agua está en manos privadas y la gente ya no tiene ingresos para comprarla, simplemente se han quedado sin este líquido vital en plena emergencia sanitaria, cuando la publicidad gubernamental aconseja lavarse las manos frecuentemente, lo que aumenta la demanda de agua. “No tengo agua potable desde hace un mes” afirma una residente de la urbanización MIDUVI Canoa.

Canoa ha presentado este problema desde inicios de la administración de la actual alcaldesa, pero hasta la presente fecha no se ha dado solución. Canoa antes de la pandemia lucía descuidada, no se ha podido recuperar sus edificaciones municipales y los cortes de luz son frecuentes.

El derecho al agua es un derecho humano garantizado en la Constitución. El artículo 12 establece: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. De igual forma la Constitución señala la responsabilidad del Estado, y por ende de  todas las autoridades que lo administran, de garantizar este derecho, así lo dice el artículo 314:

“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento (…) y garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”.

 

No solo el agua es el problema de Canoa, pues ahora tampoco tienen dinero para comida y no han llegado kits de alimentos a todos sus habitantes. Taylor afirma que los kits de alimentos llegan a personas allegadas a la Alcaldía, quienes tienen sus casas en la playa.

Diana Blaschke, presidenta del sector El Manzanillo, en donde viven 21 familias, denuncia que en su sector no se ha recibido ninguna ayuda de parte del Municipio ni de ninguna otra institución gubernamental. “No tenemos ni alimentos ni agua por la emergencia que vivimos y necesitamos soluciones inmediatas; pedimos que se cumpla con el mandato que tienen los gobernantes, que se cumpla todas las garantías de la cuarentena; que por todos los medios posibles se nos haga llegar ayuda”.

Recordamos al Estado, a través de todas sus autoridades e instituciones, que es su deber primordial, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

Así también, instamos a las personas en general a enviar cartas a la alcaldesa de San Vicente, Rosana Cevallos Torres, exigiendo una respuesta oportuna desde la municipalidad. Dejamos a su disposición los correos institucionales: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por último, las organizaciones de derechos humanos* que suscribimos esta alerta nos sumamos a la demanda de las comunidades afectadas y exigimos al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales, que se provea de manera inmediata y urgente el acceso al agua y de raciones alimenticias para alrededor de 150 familias que han sido desatendidas por el Estado.

Por la situación de vulnerabilidad que está viviendo esta población, hacemos un llamado a la solidaridad de la ciudadanía en general. Cualquier información que se requiera de esta situación se pueden comunicar con los siguientes contactos:

Luis Ayala, presidente de la urbanización Miduvi de Canoa - 099 935 8614

Diana Blaschke, presidenta del sector El Manzanillo - 098 406 3699

 

 

 

*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:

Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh  Guayaquil, Idea  Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica

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