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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina

Categoría: DDHH Internacional Creado: Jueves, 27 Octubre 2016 15:51
Visto: 2863

FIDH

20/09/2016

Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina

 

Defensoras y defensores de derechos humanos que participaron en el encuentro. Foto: Fidh

 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Red-DESC organizaron una consulta regional en América Latina para organizaciones de la sociedad civil (OSC),

que se celebró en Ciudad de México del 15 al 17 de mayo, como parte del proyecto Iniciativa por el Tratado.

 

 

Consulte aquí la Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas de América Latina.

Esta tercera consulta regional, llevada a cabo en América Latina junto con PODER, reunió a miembros de OCS, activistas, organizaciones de base y representantes de comunidades afectadas de 13 países de la región. En el encuentro también participaron miembros del Grupo Legal de la Iniciativa, con el objetivo de discutir las prioridades de las OSC para el futuro tratado de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, así como planear estrategias de incidencia pertinentes en el ámbito nacional, regional e internacional.

 

Durante la reunión, los participantes de la sociedad civil presentaron los desafíos que enfrentan en su búsqueda de responsabilidad corporativa y sus prioridades sobre cómo el tratado internacional debería responder a estos retos. Durante el encuentro, las OSC compartieron muchas de estas prioridades pero un punto claro en común para los participantes es que el tratado está diseñado desde una perspectiva de superar los obstáculos que afrontan las personas más perjudicadas por las violaciones de las empresas. En este contexto, estas prioridades incluían la necesidad de que el tratado se centre en medidas de prevención además de remedios. Además, cualquier tratado debería incluir una gama completa de derechos humanos.  Las OSC también plantearon la necesidad de que el tratado provea medidas claras y eficaces para superar dificultades adicionales que resulten de violaciones de derechos humanos por parte de empresas en el extranjero.

 

En el encuentro también hubo un llamamiento para la creación de un sistema internacional de rendición de cuentas y medidas de reparación, para dejar de depender exclusivamente de los sistemas nacionales y regionales.

 

Otra prioridad destacada es la necesidad de que el tratado aborde todos los puntos de producción de las empresas, desde el origen y su cadena de suministro, hasta el consumo y su eliminación. También se hizo referencia a la importancia de “levantar el velo corporativo”, con el objetivo de superar el tradicional principio legal que en muchas jurisdicciones impide la rendición de cuentas de una compañía matriz por las acciones cometidas por una subsidiaria.

 

 

La consulta brindó espacio para que las OSC desarrollasen estrategias comunes de incidencia para promover la adopción de un robusto tratado internacional. Las estrategias acordadas son variadas en su naturaleza, desde movilizaciones locales a actividades centradas en el gobierno a nivel nacional y subnacional, así como campañas de incidencia entre organismos regionales e internacionales que puedan aumentar la conciencia sobre la necesidad de un tratado. Las actividades de incidencia planeadas también incluyen compartir el mensaje de la necesidad de un tratado en los espacios de campañas afiliadas de justicia social, con el fin de reforzar las alianzas entre movimientos que abogan por alternativas significativas a los sistemas actuales donde tienen lugar violaciones de derechos humanos relacionados con las empresas.

 

 

Con las contribuciones de las OSC en las consultas regionales, consultas en línea y los comentarios escritos se producirán propuestas para el contenido de un futuro tratado que se presentarán al Grupo de Trabajo Intergubernamental durante su segunda sesión en octubre de 2016. También estarán disponibles para todas las OSC como recurso para considerar el desarrollo de sus propias posiciones de incidencia. El objetivo del proyecto Iniciativa por el Tratado es garantizar que las propuestas concretas de contenido concretas para el tratado internacional reflejen las necesidades y prioridades de los grupos afectados y la sociedad civil de todo el mundo. También estará ampliamente disponible para las OSC para apoyarlas en su proceso de desarrollo de sus propias estrategias de incidencia.

 

Esta tercera consulta regional se produjo después de las dos previas en Asia-Pacífico en mayo de 2015 y en África en octubre de 2015. Después de la exitosa planificación de incidencia en México, que también reunió a líderes de Asia y África que abogan por el Tratado, se llevarán a cabo más actividades de incidencia interregionales y globales en anticipación a la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en octubre.

 

Para más información, por favor póngase en contacto con Dominic Renfrey (ESCR-Net) o Marion Cadier (FIDH). Para acceder al sitio web del proyecto visite aquí.

Consulte aquí la Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas de América Latina. Esta declaración ha sido firmada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil:

 

 

Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES Santa Marta, Cabañas, El Salvador.

Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH, Perú.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. Tlaxcala, México.

Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, Colombia.

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., Calakmul, Campeche, México.

FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos Argentina.

Fuerza de Mujeres Wayuu, Colombia.

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador.

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Regional.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

International Accountability Project, Brasil/International.

Otros Mundos, AC/Chiapas, México.

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), México.

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México.

Red Uniendo Manos, Perú.

Red Muqui, Perú.

Trabajo, Investigación, Desarrollo, Organización, Fundación (TIDO), Argentina.

Universidad Campesina e Indígena en Red A.C. Puebla, México.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), México.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

Instituto Latinoamericano por una sociedad y un derecho alternativos (ILSA), Colombia.

Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras.

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- EQUIDAD, Perú.

DECA Equipo Pueblo, A.C., México.

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, Ecuador.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú.