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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores

Categoría: DDHH Internacional Creado: Jueves, 27 Octubre 2016 15:52
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Naciones Unidas-Derechos Humanos

27/09/2016

Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores

 

GINEBRA – Un grupo* de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron hoy el uso de legislación nacional en Ecuador para disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE), la asociación de educadores más importante del país. La UNE, fundada en 1950, fue disuelta debido a la aplicación del Decreto Ejecutivo N. 739 que regula la operación de las organizaciones sociales.

 “El Decreto Ejecutivo N. 739 establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base de criterios ambiguos”, señalaron los expertos. “Estamos profundamente preocupados por esta legislación que ciertamente confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil en el país”.

 

Los expertos subrayaron que todas las personas deben gozar del derecho a la libertad de asociación reconocido en el derecho internacional y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en marzo de 1969.

 

El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental, al que sólo se puede aplicar un cantidad limitada de restricciones”, expresó el Relator Especial de la ONU para la libertad asociación, Maina Kiai, al tiempo que subrayó que “el derecho a la libertad de asociación es un principio  democrático esencial y necesario para que los activistas tengan un efecto colectivo en la sociedad”.

 

“Con la disolución de la UNE, el sindicato de educadores más importante del país, los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que su voz y preocupaciones sean oídas, y que pueda tener afectar negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general”, expresó el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.

 

“Los educadores son un sector vital del sistema educativo. Privar a los educadores de uno de sus principales canales para expresar colectivamente sus preocupaciones no solamente afecta su libertad de expresión, sino también el sistema educativo de Ecuador”, agregó el Relator Especial de la ONU para la protección y la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye.

 

“La disolución forzada de una asociación es una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación, que sólo puede ser justificada en los casos más excepcionales. Debe estar establecida en la ley, bajo estricto cumplimiento del principio de legalidad, ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática”, enfatizó el Sr.Kiai.

 

Los expertos de la ONU alertaron  que, dado las recientes actividades llevadas a cabo por la asociación, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en derechos humanos. “De hecho, aparentemente esta decisión es  arbitraria, política, y adolece de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado”, señalaron.

 

La disolución ocurre en un contexto de crecientes restricciones impuestas a asociaciones, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Ecuador, recalcaron los expertos.

 

“Exhortamos a las autoridades ecuatorianas de cancelar el proceso de disolución de la UNE y asegurar el goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país”, expresaron. “Ecuador necesita armonizar su legislación con las buenas prácticas emanadas de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.

 

Los expertos ya han expresado sus preocupaciones al Gobierno y solicitado clarificaciones sobre este caso. También han hecho saber su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades sobre este asunto.

 

La muerte legal de la asociación de educadores

 

El 21 de julio de 2016 el Ministerio de Educación envío una comunicación a la UNE notificándole el inicio del proceso de disolución basado en el artículo 24 del Decreto N. 739 (Reglamento sistema unificado información de organizaciones sociales), junto con la causal de disolución 7 del artículo 22: “Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.

 

A pesar de que la organización cumplía con lo previsto en disposiciones nacionales, se le otorgó a la UNE 20 días para presentar evidencia exculpatoria, de otro modo enfrentaría su muerte legal.

 

El 9 de agosto de 2016 la UNE solicitó que la decisión fuera declarada nula y no válida, alegando su inconstitucionalidad por violación del debido proceso, impedimento  del derecho de defensa, y por invertir la carga de la prueba. El Ministerio de Educación notificó a la UNE, el 18 de agosto de 2016, que la organización había dejado de cumplir con su propio estatuto y con el artículo 22, numeral 7 del Decreto N.739. La implementación efectiva del proceso de disolución de la UNE empezó el 26 de agosto.

 

 

Ver comunicado: http://bit.ly/2d4cFTl